El TSJ obliga a Sacyl a pagar 40.000 euros por el despido improcedente de un médico

El afectado estudia ejercer acciones legales contra el gerente por presunto acoso laboral



El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia contra la que no cabe recurso por la que la Junta de Castilla y León se verá obligada a pagar por el despido de un médico del hospital Virgen de la Concha que posteriormente tuvo que ser readmitido a requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora.

El fallo judicial del TSJ, que es firme, ratifica parcialmente el recurso presentado por el médico afectado contra una sentencia anterior del magistrado de lo Contencioso de Zamora y desestima el recurso que presentó la Administración regional.

El médico, que ocupa plaza de documentalista clínico, permaneció ocho meses y medio sin trabajar en el año 2005, antes de que tuviera que ser readmitido por orden judicial. Por ello, el Sacyl debe pagar 26.878 euros correspondientes a los sueldos del facultativo durante este periodo, así como cerca de 5.000 euros correspondientes a pluses de productividad, vacaciones y otros conceptos.

Además, la Junta deberá correr con las costas del recurso de apelación, por lo que en conjunto, el demandante al que los tribunales le han dado la razón calcula que el desembolso económico de la Administración rondará los 40.000 euros.

El afectado, el doctor José Ramón de la Peña, culpa de la situación al actual gerente del complejo hospitalario de Zamora, Rafael López Iglesias, al que también atribuyó un presunto caso de acoso laboral, aunque este aspecto no ha entrado a valorarlo la sala de lo Contencioso-Administrativa, al entender que debe dirimirse en la vía penal. De la Peña lamenta la gestión de López Iglesias al considerar que «los temas laborales los convierte en personales, aunque luego el coste es para el erario público, por lo que no es un gran gestor», declara.

Vías posibles

José Ramón de la Peña se reserva además el derecho a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Contencioso de inhibirse de la acusación de acoso. También baraja la posibilidad de acatar esa decisión e iniciar la vía penal para que la Justicia se pronuncie sobre la supuesta situación de acoso que ha sufrido en su puesto de trabajo. Al respecto, considera que se han vulnerado algunos de sus derechos fundamentales cuando, al parecer, fue apartado del resto de sus compañeros de trabajo y se le negaron los cursos de reciclaje y pluses de productividad que sí recibían otros trabajadores, según explica.

Preguntado por este asunto, el gerente del complejo hospitalario de Zamora ha explicado que a este médico se le rescindió el contrato porque ocupaba interinamente una plaza de radiólogo y se incorporó el titular de la plaza. Asimismo, Rafael López ha hecho hincapié en que los tribunales únicamente han admitido parte de la demanda y no la que le afectaba al gerente personalmente, por supuesta vulneración de los derechos fundamentales del médico.

De la Peña entró a trabajar en Virgen de la Concha en 1992 y siempre desempeñó labores de documentalista clínico, aunque la Administración olvidó en 1994 adscribirle a la plaza específica de esta tarea, por lo que primero ocupó interinamente plaza como anestesista y luego como radiólogo, aunque en realidad trabajara como médico documentalista. El actual gerente lo despidió el 12 de marzo del 2005 pero el juzgado obligó a readmitirlo, como medida cautelar, el 3 de noviembre de ese año.

http://www.nortecastilla.es/2008011...s-20080110.html
  




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El gerente del Clínico niega que esté acosando laboralmente a un médico que fue destituido

Rafael López culpa al facultativo de «autoaislarse» del resto del servicio y dice que la sentencia judicial obliga a pagar a Sacyl unos 27.000 euros, no 40.000

 El gerente del hospital Virgen de la Concha, Rafael López negó ayer la existencia de ningún tipo de acoso laboral en contra del facultativo José Ramón de la Peña, que recientemente ha ganado una sentencia por su cese durante unos meses del año 2005. López entiende que «no debo tolerar» algunas de las manifestaciones realizadas por el médico del servicio de Adminisión y Documentación, ya que «no se ajustan a la verdad». El gerente dice acatar, aunque no compartir el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que obliga a Sacyl a pagar 26.877 euros al médico cesado, a los que habría que sumar unos 600 euros en costas, «y no 40.000» como asegura De la Peña.

Según el relato de Rafael López, «a este señor se le contrató en 1992», por parte de los anteriores gestores del hospital como facultativo especialista de área (FEA) de Anestesia, a pesar de no contar con esa titulación, y para desempeñar su trabajo como médico de Admisión. Posteriormente en el año 93 se le cambia el contrato por el de radiólogo, sin tener tampoco tal especialidad. Como consecuencia de la OPE (oferta pública de empleo) del Insalud, un proceso que se convocó para resolver el importante problema de interinidades de los médicos especialistas, obtienen plaza los radiólogos reales, por lo que José Ramón de la Peña se ve obligado a dejar libre la plaza que tenía. «Se le ofrece un contrato por acumulación de tareas hasta que se resuelva la OPE de su especialidad y pueda ocupar una plaza de Admisión, pero lo rechaza», por lo que la Gerencia no vió otra salida que cesarle. Nueve meses después vuelve a ser contratado en el servicio de Admisión y Documentación Clínica, pero reclamó judicialmente los nueve meses en los que estuvo despedido, y los tribunales le han dado la razón. El gerente explica que, en todo caso, las irregularidades en la contratación de este profesional en un puesto distinto al que ocupaba realmente hay que buscarlas en los anteriores gestores del hospital, que fueron quienes hicieron la contratación, ya que el actual equipo lleva desde el 96. Recuerda que el puesto de coordinador de Admisión «es un puesto de libre designación y lo lógico es que se nombre al alguien en quien se tiene confianza». López niega asimismo que José Ramón de la Peña esté «apartado de su servicio. Tiene su lugar de trabajo y desempeña la labor para la cual está capacitado y es competente, codificar entre veinte y treinta historias al día. No está minusvalorado ni yo le he acosado. De hecho, hace cuatro años que no hablo con él y su responsable directo es el jefe del servicio de Admisión». También niega el gerente que se excluya a este facultativo de las reuniones y actividades del servicio, ya que «es él quien no va a las citas a la que es convocado. Es él quien se autoaisla, y no puede culpar al resto del servicio».
Tampoco es cierto, a juicio de Rafael López «que se le hayan rechazado permisos para formación, por la simple razón de que nunca los ha pedido».

El gerente explica que la productividad variable no la cobran todos los empleados del hospital, sino sólo los que alcanzan unos objetivos: «La prueba de que no se le discrimina es que ha habido años en que sí ha cobrado este concepto». Otro ejemplo que negaría la inexistencia del acoso es el día de permiso concedido de forma graciable por el gerente a los empleados del centro como agradecimiento a la colaboración prestada durante el difícil proceso de obras de reforma. Un día que también se concedió a De la Peña «a pesar de que no ha colaborado, sino todo lo contrario».

Con respecto al estado de angustia y ansiedad que dice sufrir el trabajador, el directivo hospitalario asegura que no existe ningún informe del servicio de Riesgos Laborales ni de ningún psiquiatra que avale esta afirmación.

Por último López asegura que él no compitió directamente con De la Peña por ninguna plaza. «Yo me presenté a la OPE para unas plazas que se convocan a nivel nacional junto con aspirantes de todo el país. Incluso superé en nota a esta persona en el primer ejercicio, el de conocimientos, aunque en la fase de concurso a mí no se me computaron los años que había trabajado en Admisión. Yo no compito en nada». Tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia sólo estima parcialmente la reivindicación salarial y no la del presunto acoso, el gerente concluye que él nunca ha llevado a cabo este tipo de prácticas, «salvo que se considere como acoso laboral hacer que la gente trabaje».

Réplica del gerente

La sentencia obliga a pagar a Sacyl 26.877 euros más 600 de costas, no 40.000.

El contrato como anestesista y el posterior de radiólogo para el médico que en realidad trabaja en Admisión lo realizaron los anteriores gestores del hospital. Los actuales entraron en 1996.

A José Ramón de la Peña se le ofreció un contrato hasta que se resolviera el proceso de su plaza, pero éste lo rechazó, por lo que no quedó más remedio que cesarle hasta que pudo recuperar su puesto.

http://www.laopiniondezamora.es/sec...dico-destituido
  




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