El Gobierno no descarta un registro de pederastas pero no decidirá "al calor de la indignación" de este caso
El Gobierno no descarta la creación de un registro de pederastas pero no tomará la decisión "al calor de la indignación y consternación" que ha provocado la muerte de Mari Luz, según manifestó el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez.
En declaraciones a los medios antes de inaugurar un curso sobre violencia de género organizado por el Consejo General de la Abogacía Español, Pérez afirmó que ahora es más importante "detectar qué ha fallado" en este caso que "improvisar soluciones, que igual no son las más adecuadas".
"No es prudente anunciar o descartar ahora medidas organizativas o legislativas concretas que en este momento pueden parecer muy adecuadas, pero que a la hora de la reflexión se descubren como insuficiente o inútiles. Se tomarán medidas, pero ahora, no", recalcó.
Además, aseguró que controlar a "personas potencialmente peligrosas" una vez que ya han cumplido su condena es un asunto delicado y que, en caso de llevarse a cabo, esta vigilancia debería ser "extremadamente cuidadosa".
Asimismo, defendió que en los últimos años "se han ido perfeccionando los mecanismos de control" de este tipo de delincuentes, pero, según dijo, "es una inutilidad pensar que es el Gobierno quien debe controlarlos uno a uno" porque ya existen estos medios, aunque, en el caso de Mari Luz, "no han sido efectivos".
Igualmente, indicó que el Ministerio de Justicia está a la espera de recibir "una información detallada" para saber qué ha ocurrido y "depurar responsabilidades".
Por su parte, la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, recordó, sobre la posible creación de un registro de pederastas, el "muy interesante" impulso que supuso para la lucha contra la violencia machista el "registro de violencia de género". No obstante, señaló que "la última palabra, en última instancia la tiene el Ministerio de Justicia".
Ha sido vendedor ambulante, empleado de la construcción, entrenador de fútbol y pastor evangélico en Huelva, donde nació y ha vivido casi toda su vida. Ahora su tragedia le ha convertido en un padre coraje dispuesto a recorrer España en busca de justicia.
Por Rocío RUIZ
Que se haga justicia a Mari Luz y paguen con cárcel Santiago del Valle, su mujer y su hermana el mayor tiempo posible, que pague el juez Rafael Tirado con su retirada profesional por el enorme dolor que han causado sus errorres, que pague el juez de la Audiencia de Sevilla que tardó tres años en confirmar una sentencia y que ha quedado impune porque ha prescrito la sanción disciplinaria, que pague la Junta de Andalucía, que debió advertir de que Del Valle tenía que estar en la cárcel cuando le acusaron de los abusos a su hija. «Que paguen, que paguen todos los que tienen que pagar», dice el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que recorre España en busca de firmas a favor de la cadena perpetua para los pederastas. Lleva 300.000. «Sólo quiero que mi niña sea la última».
- ¿Cuántas firmas piensa que serían argumento suficiente para que el Gobierno se plantease una reforma penal que implantara la cadena perpetua en España para los pederastas?
- Cuatro o cinco millones. Y no vamos a parar hasta conseguirlas. De momento, sólo necesitamos las primeras 500.000 para presentarlas en el Parlamento y que así nuestra petición se tramite como una iniciativa legislativa popular y se discuta en el Congreso.
- ¿Cuántos kilómetros va a recorrer su caravana pro cadena perpetua?
- Vamos a emplear 42 días en recorrer 32 ciudades pidiendo la cadena perpetua revisable cada 20 o 25 años. Pensamos que la pena podría ser modificable sólo si un estudio demuestra que esa persona está capacitada para vivir en sociedad. Además, pedimos que se haga pública la lista de pederastas con sentencia firme. Y no sólo eso, exigimos que se dicte la prisión preventiva para los acusados de pedofilia o, al menos, queremos que estén muy controlados con pulseras magnéticas de localización u otros mecanismos. Del Valle no va a pagar lo que ha hecho con cadena perpetua, pero quiero que esté en la cárcel el mayor tiempo posible. Yo, personalmente, creo que las víctimas son las que deberían imponer la pena al agresor. Es otra forma distinta de hacer justicia.
- ¿Cómo está respondiendo la gente a su iniciativa?
- De forma masiva. Todo el mundo que viene a estampar su firma está muy concienciado, no hace falta convencer a nadie de que hace falta que las leyes se endurezcan de manera definitiva porque las vidas de muchas criaturas están en peligro.
- ¿Cree que finalmente el Parlamento dará el visto bueno a su iniciativa?
- Si hay buena intención política creo que se puede cambiar la ley, porque al final son los políticos los que deciden. No obstante, creo que no podemos hacer oídos sordos a la voluntad de cuatro millones de españoles.
- ¿Ha tenido contacto con algún partido político que apoye el cambio legal que pretenden impulsar?
- No. Sólo nos ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.
- ¿Han recibido ayudas económicas para montar la caravana o la han puesto en marcha con sus propios recursos?
- Es una iniciativa de la familia que ha tenido apoyo económico del Ayuntamiento de Huelva, que nos ha cedido un coche de alquiler para hacer el recorrido. También tenemos el hospedaje pagado. Los gastos de gasolina y manutención los cubrimos con las aportaciones de particulares y empresas que están por la causa. En la caravana están tres personas fijas y otras tres de apoyo logístico en Huelva. Mi hermano y yo nos incorporamos de vez en cuando. No me puedo permitir estar constantemente por ahí. Ahora estamos de baja laboral. Ni mi mujer, que es vendedora ambulante, ni yo, que me dedico a la construcción, podemos trabajar. No nos concentramos en lo que hacemos, tenemos una medio depresión.
- ¿Le ha llamado el presidente del Gobierno para informarle de cómo se han depurado las responsabilidades en el caso, como le aseguró que haría?
- No. Sólo el ministro de Justicia se puso en contacto conmigo una segunda vez para informarme de que se había expedientado a la secretaria del juez. Espero que me llame para recibirme en Madrid. Ojalá que podamos intercambiar opiniones de primera mano y que pueda transmitirle mi deseo de que se depuren todas las responsabilidades.
- ¿Cree que se ha hecho justicia y han rendido cuentas todos los que tenían que hacerlo por el cúmulo de errores judiciales que hubieran evitado que Santiago del Valle estuviera en la calle en lugar de en la cárcel?
- En absoluto, falta mucha leña que cortar. La Junta de Andalucía se presentó como acusación particular en el caso de la agresión sexual de Del Valle a su hija y entonces tenía la obligación de informar al Ministerio Fiscal y al juez de que Santiago del Valle debería haber cumplido condena. No sabemos hasta qué punto cumplió con su obligación. De haberlo hecho, hace tiempo que estaría en la cárcel. Ya veremos lo que dice la investigación del Consejo General del Poder Judicial. Creo que todavía queda pendiente que se abra expediente a la Junta de Andalucía.
- ¿Quedaría satisfecho?
- El juez de la Audiencia de Sevilla, Juan González, cometió irregularidades por tardar tres años en confirmar la sentencia por los abusos sexuales de Del Valle a su hija, pero la condena disciplinaria ha prescrito y yo creo que este hombre no debería quedar impune. No es tarde para imputarle un delito de dejación de funciones. El juez Rafael Tirado ha cometido una irregularidad bastante grave y además es reincidente y no debería seguir ejerciendo su carrera. Es una imprudencia. Que pague con su retirada profesional el dolor causado.
- ¿El juez o alguna otra persona le ha pedido disculpas por los errores judiciales que se cometieron?
- No. Esa gente no tiene sensibilidad alguna. Sólo piensa en cobrar a fin de mes.
- ¿Usted, que conoce el sumario del caso Mari Luz, se cree la versión de Santiago del Valle sobre cómo ocurrieron los hechos?
- Quien realmente sabe lo que pasó es él, su hermana y su mujer. Quien me parece un irresponsable es la persona que ha filtrado el sumario del caso. A mi familia le está haciendo mucho daño recordar lo ocurrido. Yo era el único que conocía prácticamente todo el sumario. Así se lo pedí al juez para evitar sufrimientos a los míos. Decidí tragármelo yo solo y sufrir en silencio.
- ¿Cree que Del Valle pagará por el delito del que se le acusa?
-Esta gente es muy lista y sabe que puede eludir parte de la responsabilidad. Del Valle pretende exculpar a su hermana y a su mujer, pero son culpables los tres. Ni son tontos ni están locos.
El instructor propone zanjar con multa los errores del juez del 'caso Mari Luz'
El informe rebaja la sanción a Tirado con el argumento de que sus funcionarios no le avisaron de que el agresor estaba libre - El fiscal pide el castigo más alto
MANUEL ALTOZANO
El expediente disciplinario abierto en el Poder Judicial contra Rafael Tirado, el juez que no logró encarcelar a Santiago del Valle en 26 meses dándole así tiempo a que acabara supuestamente con la vida de la niña Mari Luz, considera que el magistrado no fue informado correctamente por la secretaria judicial y los funcionarios de su juzgado sobre la situación de libertad en que se encontraba el agresor. Esas son, según el fiscal, las razones que da el instructor para descartar las sanciones más elevadas (expulsión, separación temporal o traslado forzoso) para Tirado y proponer al Consejo una multa de entre 300 y 3.000 euros, al considerarlo autor de una falta grave de retraso en lugar de una muy grave de desatención.
La posición del instructor -el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea- contrasta con la del fiscal, que debe informar el expediente disciplinario y hacer su propia propuesta de instrucción. En ella muestra su desacuerdo con Olea, del que afirma que "degrada la gravedad de la desatención del magistrado expedientado" atendiendo a la "falta de dación de cuenta" de la secretaria judicial o de los funcionarios del juzgado, o a que Tirado, nada más conocerse que la sentencia de Del Valle era firme, "hubiese ordenado su ejecución" y "denegado la suspensión" de la condena del agresor de Mari Luz.
"La ejecución de la sentencia y la adopción sin dilación de las medidas necesarias para que el condenado hubiese ingresado en un establecimiento penitenciario (...) es responsabilidad suya [del juez Tirado]", dice el fiscal, que considera que el juez es autor de una falta muy grave de desatención, lo que podría acarrear la sanción de separación definitiva de la carrera judicial, suspensión temporal de hasta tres años o traslado forzoso.
Tirado, según el escrito, vulneró "deberes jurídicos de cuidado que le eran exigibles legal y profesionalmente" y esa vulneración demuestra "una omisión de la diligencia que le era mínimamente exigible", escribe el fiscal.
El instructor, por el contrario, considera que los más de dos años de inacción del juez constituyen únicamente una falta grave de retraso injustificado a la que correspondería una multa de entre 300 y 3.000 euros, según el escrito de la Fiscalía.
Ahora, la decisión corresponde a la comisión disciplinaria del Consejo, que estudiará el caso el próximo 10 de febrero. Sus integrantes -las progresistas Montserrat Comas y María Ángeles García, los conservadores Enrique López y Carlos Ríos, y el vocal de consenso entre PSOE y PP Agustín Azparren- podrían confirmar la propuesta de sanción del instructor y acordar una multa o devolver el expediente al instructor para que lo vuelva a entregar con un nuevo pliego de cargos que proponga la expulsión definitiva de la carrera, el traslado o la suspensión.
En cualquier caso, la respuesta definitiva podría dilatarse más allá del mandato de los actuales vocales que, según PSOE y PP, podrían ser sustituidos antes del final de septiembre. En caso de que se apruebe la propuesta del instructor, el fiscal podría recurrir la decisión al pleno con la consiguiente demora. Lo mismo ocurriría si deciden devolver la propuesta. Sea este Consejo o el siguiente el que la tome, la decisión definitiva deberá llegar antes del 6 de octubre, fecha en que prescribe el expediente.
Posiciones enfrentadas
- El instructor. Considera a Tirado autor de una falta grave de retraso castigada con multa de entre 300 y 3.000 euros y lo justifica porque la secretaria judicial y los funcionarios no avisaron al juez de la situación de libertad en la que se encontraba el presunto asesino de Mari Luz, Santiago Del Valle. También tiene en cuenta que el magistrado "con inmediatez a la firmeza de la sentencia hubiera ordenado su ejecución y denegado la suspensión de las penas".
- El fiscal. Cree que el magistrado es autor de una falta muy grave de desatención castigada con suspensión de empleo de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación definitiva de la carrera. "La ejecución de la sentencia y la adopción sin dilación de las medidas necesarias para que el condenado hubiese ingresado en un centro penitenciario" era responsabilidad del juez, afirma el fiscal en su escrito.
El error de Tirado quedará impune si el Poder Judicial no lo sanciona en un mes
Los vocales afirman que no dejarán que caduque su investigación del 'caso Mari Luz'
MANUEL ALTOZANO
Ni expulsión de la judicatura ni multa. Rafael Tirado, el juez que no logró encarcelar en dos años al presunto asesino de Mari Luz hasta que éste fue detenido por la muerte de la niña, podría quedar impune si el Consejo General del Poder Judicial no lo sanciona antes del próximo 6 de octubre.
Ese día se cumplen seis meses de la apertura del expediente sancionador contra el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, el plazo previsto en la ley para su caducidad. Los vocales aseguran, sin embargo, que tienen tiempo suficiente para zanjar el caso, aunque puede que no sean ellos los encargados de hacerlo sino sus sustitutos, que serán designados en las próximas semanas.
El estudio del caso en el Consejo está previsto para la comisión disciplinaria del próximo 10 de septiembre. En esa reunión -a la que asistirán las progresistas Montserrat Comas y María Ángeles García, los conservadores Enrique López y Carlos Ríos, y el vocal de consenso entre PSOE y PP, Agustín Azparren- los consejeros tendrán que decidir entre dos opciones.
La más probable, según fuentes del Consejo, es que se acepte la propuesta del instructor del expediente -el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea- de sancionar a Tirado sólo con una multa de 1.502 euros y 53 céntimos como autor de una falta grave de "retraso injustificado". En ese caso, la investigación quedaría resuelta dentro del plazo de seis meses aunque el fiscal decida recurrirla ante el pleno del Consejo con el fin de conseguir una sanción por falta muy grave.
El plazo de caducidad quedaría interrumpido al haber resuelto el órgano del Consejo competente para sancionar las faltas graves (la comisión disciplinaria), con lo que Tirado no escaparía a su castigo. Si el fiscal recurre esa sanción ante el pleno, serán previsiblemente los nuevos vocales (entre los que los progresistas serán mayoría) los que dictarán la resolución definitiva del gobierno de los jueces, según esas mismas fuentes. Ese acuerdo final sólo podría ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que tendría, como en todos los procedimientos sancionadores del Consejo, la última palabra.
La segunda opción sobre la mesa de los vocales en la comisión disciplinaria del 10 de septiembre será la de devolver al instructor el expediente para que redacte una propuesta de sanción por falta muy grave que podría acarrear la expulsión de Tirado de la judicatura (como reclama la familia de Mari Luz), su suspensión temporal o su traslado forzoso. La nueva propuesta de resolución tardaría en volver a la comisión disciplinaria al menos ocho días, los que tendría Tirado para redactar sus alegaciones contra la nueva propuesta de sanción.
El Consejo contaría aún con un par de semanas para dictar una resolución que, esta vez sí, debería adoptar el pleno (al tratarse de una falta muy grave) a propuesta de la comisión disciplinaria, según fuentes del órgano. Fuentes del órgano aseguran que es tiempo suficiente para impedir la prescripción del expediente aunque, también en este caso, serían los nuevos vocales los que, previsiblemente decidirían.
Trámites según el tipo de sanción
- Multa de 1.500 euros. El peligro de que Tirado quede sin sanción se acabaría si la comisión disciplinaria acepta el próximo miércoles la propuesta del instructor del expediente. Ésta considera que Tirado cometió sólo una falta grave de retraso que debe castigarse con una multa de 1.500 euros.
- Expulsión, suspensión o traslado. Si la comisión estima que la falta es muy grave en lugar de grave, devolverá el caso al instructor para que proponga la expulsión, suspensión o traslado del juez. Tirado tendría ocho días para alegar y en otros dos podría estudiarse en la comisión y el pleno. El Consejo tendría unos 15 días para sancionar antes de que acabe el plazo.
El fiscal urge al Poder Judicial para que sancione a Tirado
La investigación contra el magistrado del 'caso Mari Luz' caduca en un mes
M. ALTOZANO
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer por escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas para que los errores cometidos por el juez de lo Penal de Sevilla Rafael Tirado -que no logró encarcelar al presunto asesino de Mari Luz Cortés antes de que acabara presuntamente con la vida de la niña- no queden sin castigo. La investigación contra el magistrado caduca el próximo 6 de octubre al cumplirse seis meses desde que el Consejo ordenó que se iniciara.
El número dos de la carrera fiscal, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, envió a la presidenta de la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, la progresista Montserrat Comas, un escrito en el que recuerda "que resta solamente un mes para el vencimiento del plazo" para sancionar al titular del Juzgado de lo Penal 1 de la capital andaluza, que no logró enviar a la cárcel a Santiago del Valle a pesar de que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija.
El escrito pide a la comisión disciplinaria -la que sanciona las faltas de carácter grave- que "adopte las medidas que estime oportunas a fin de evitar la caducidad del expediente" que, en caso de que el Consejo no actúe, se produciría el 6 de octubre. Si, transcurrido ese plazo no hay sanción para Tirado, el juez quedará sin castigo.
La fiscalía solicitó el pasado 14 de agosto a la comisión disciplinaria que Tirado sea castigado como autor de una falta muy grave de desatención (que llevaría aparejada la suspensión, el traslado forzoso o la separación definitiva de la judicatura) en lugar de simplemente una grave de retraso injustificado, como propone el instructor del expediente, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, que solicita para el juez una multa de 1.500 euros. El escrito enviado ayer a Comas recuerda, además, que el expediente contra Tirado se inició "por falta muy grave".
Pero a cinco días de que se analice el caso, la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces parece más inclinada a aceptar el criterio del instructor -que resta gravedad a los errores de Tirado culpando a la secretaria judicial y a los funcionarios que tramitaron el caso- que el del fiscal.
La segunda opción, menos probable, es que el expediente se devuelva al instructor para que proponga una sanción muy grave. Fuentes del Consejo aseguran que, a pesar de la cercanía de la fecha de caducidad, aún queda tiempo para esta posibilidad.
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Re: Caso Mari Luz
«Hay que tener más cuidado con los hijos»
Idoya RONZÓN
Santiago del Valle explica con frialdad, en una carta a LA NUEVA ESPAÑA, su visión sobre la muerte de Mari Luz, la niña a la que supuestamente asesinó en Huelva
El presunto asesino de la menor afirma que no cometió el crimen y que, por la fecha, la niña ni siquiera pudo estar con él
Del Valle, condenado en julio por acosar a una adolescente en Gijón, asegura que se apuntó en su instituto sólo por casualidad
El medio de la polémica y el fuego cruzado entre la Fiscalía General del Estado y el instructor del expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos sexuales al presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, éste, Santiago del Valle, ha accedido a hablar con LA NUEVA ESPAÑA. En una carta escrita a mano durante su permanencia en el centro penitenciario de Villabona este verano, Del Valle responde por escrito a parte de una solicitud de entrevista realizada por este periódico. En una hoja de libreta y bolígrafo azul en mano, con una letra no siempre legible a la primera, el presunto asesino esquiva las preguntas que lo comprometen en demasía y centra su misiva en autoexculparse del crimen. El cadáver de la pequeña, de 5 años, fue localizado el pasado 7 de marzo, 54 días después de que desapareciera, el 13 de enero, cuando salió sola de su casa, en la barriada de El Torrejón, en Huelva, para ir a comprar chucherías.
Implicado en al menos cinco causas por abusar sexualmente de niñas desde 2001, Santiago del Valle responde sin que le tiemble la mano a la pregunta sobre qué sintió durante las batidas organizadas en búsqueda de la niña, cuyo cadáver fue localizado flotando en la zona del muelle del Petróleo, junto a la punta del Sebo de la capital onubense: «Me dio igual, me era indiferente», afirma. «Hay que tener más cuidado con los hijos y no dejarlos todo el día en la calle solos, que luego pasan las cosas y vienen las lamentaciones». La frase, respetando la presunción de inocencia, describe a un hombre frío, que se suma a las muchas pinceladas que construyen su historial delictivo, como cuando en 1998 obligó a su hija de cinco años (los mismos que tenía Mari Luz) a masturbarlo por primera vez.
«Yo no maté a Mari Luz», afirma Del Valle, que después de ser detenido llegó a confesar a la Policía su implicación en la muerte de la pequeña, de la que dijo que falleció «accidentalmente» tras caer por las escaleras de su casa y darse un golpe en la cabeza. Afirmó que atrajo su atención ofreciéndole un caramelo. Incluso su esposa lo implicó, sin quererlo, cuando fue interrogada. La mujer explicó que, el día que desapareció Mari Luz, Santiago había llegado a casa manchado de barro. El dato fue clave.
«Esa declaración no es correcta», afirma en su carta a LA NUEVA ESPAÑA, planteando el caso como una especie de confabulación en su contra. «Todas las afirmaciones que hice fueron obligadas porque era lo que ellos (la Policía) quería tener. Yo no maté a Mari Luz porque, independientemente de que no la conocía, según los informes de la autopsia, cuando murió, yo no estaba en Huelva, ni mi mujer tampoco. Estábamos en Sevilla y luego en Granada. En Sevilla, en la sala de urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Yo tengo la tensión alta y fui por ello y allí pasamos la noche hasta el día siguiente, que tuve que firmar en las libertades provisionales del Juzgado. Después nos fuimos a Granada. Por lo tanto, la niña no pudo estar conmigo».
«Cuando llegué a casa con mi mujer -continúa-, ya ellos, los gitanos, habían entrado rompiendo la puerta, buscando a la niña, sin pedir permiso alguno. Luego tuve que dejarlos entrar, pero con la Policía. Tuvimos que marcharnos de allí por sus amenazas, las de los gitanos». A la pregunta de si considera que necesita un tratamiento, dados sus antecedentes sexuales con menores, no duda: «Sí».
Santiago del Valle se mantiene ajeno al revuelo en torno a la presunta negligencia judicial cometida en su caso: entre otras irregularidades, el hombre se presentaba los días 1 y 15 de cada mes en un Juzgado de Sevilla mientras otro de la misma ciudad lo tenía en situación de paradero desconocido, lo que le impedía ser citado para cumplir una condena de dos años y ocho meses por abusar de su hija. Precisamente, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la que forma parte el magistrado asturiano Agustín Azparren, decidirá este miércoles la sanción que impondrá al juez Tirado. Ésta podrá ir desde una multa de 3.000 euros, como plantea el instructor, a la suspensión, traslado o, incluso, suspensión de la carrera, como avala la Fiscalía General.
En su carta, Santiago del Valle sí responde sobre la menor gijonesa a a la que acosó en Gijón, por lo que aceptó el pasado mes de julio una pena de dos años y medio por abuso sexual y coacciones. Una vez más, echa balones fuera, a pesar de la condena. «Resulta que me apunté para estudiar en el colegio en que estaba ésta (la menor asturiana). Pero yo no sabía nada de esa gente». Del Valle se puso en contacto con la niña gijonesa a través de un mensaje incluido en la revista Telenovelas. Le aseguró que era una joven de 13 años y que quería ser su amiga. Las ilusiones de la asturiana, que sólo pretendía hacer amigas por correo, se vinieron abajo cuando Del Valle se presentó en su domicilio para verla. La abuela de la menor impidió que se conocieran, por lo que el pederasta, frustrado, comenzó a perseguirla hasta el Instituto Mata Jove, donde la adolescente estudiaba. Llegó incluso a matricularse en cursos para adultos para poder estar cerca de ella.
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El CGPJ se inclina por saldar con multa la conducta del juez del «caso Mari Luz»
NATI VILLANUEVA
MADRID. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se inclina por asumir hoy el criterio del instructor y calificar de falta grave la actuación del juez Tirado en el «caso Mari Luz». El retraso en la ejecución de una condena a Santiago del Valle permitió que el presunto asesino de la pequeña permaneciera en libertad cuando debía estar entre rejas.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguraron a ABC que las opiniones acerca de la conducta del juez Tirado está dividida entre los cinco vocales que integran la Comisión Disciplinaria: Juan Pablo González, Carlos Ríos, Montserrat Comas, María Ángeles García y Agustín Azparren. Mientras los dos primeros serían partidarios de sancionar al juez por una falta grave de desatención (lo que implica una multa de 300 a 3.000 euros), las dos siguientes optarían por asumir el criterio del fiscal y sancionar al magistrado por una falta muy grave, lo que se traduciría en suspensión durante un tiempo determinado, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.
«Sobrecarga de trabaja»
Así las cosas, es el vocal «independiente» Agustín Azparren el que tiene la llave para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Al cierre de esta edición todo apuntaba a que la Comisión Disciplinaria asumiría el criterio del instructor, que en su propuesta de resolución habló de falta grave y atribuyó la conducta de Tirado a la sobrecarga de trabajo en su juzgado y a que la revisión de las ejecutorias no es una competencia exclusiva del titular de un juzgado, sino de todo el personal que en él trabaja.
Lo cierto es que es muy probable que el «caso Mari Luz» no termine en la sanción que el CGPJ imponga, pues si el fiscal presenta un recurso de alzada contra la decisión de los vocales tendrá que ser el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el que decida. En este caso y, dado que este trámite lleva su tiempo (hay que nombrar ponente por turno, dar traslado a las partes y resolver), es muy probable que ya no sea este Consejo, sino el propuesto ayer, el que ponga punto final al caso. Será, sin duda, una prueba de fuego para el nuevo órgano de gobierno de los jueces, en el que ya se podrá aprecia la relación de fuerzas entre los dos bloques que presumiblemente conformarán el CGPJ.
Las fuentes antes citadas reconocen la trascendencia social de este asunto y por ello es indudable la «presión mediática» a la que están sometidos los vocales que tienen que resolver este expediente. Coinciden en señalar que si bien las consecuencias de esta fatalidad han sido «tremendas», el retraso en la ejecución de sentencias es un mal que padecen todos los juzgados de España, en los que al titular del órgano en cuestión le resulta imposible supervisar la ejecución de todas y cada una de las sentencias dictadas. En este sentido no justifican la actuación de Tirado, pero sí le ven como «cabeza de turco» de la lamentable situación que atraviesa la justicia en este país.
A esta circunstancia también aludió el instructor Wenceslao Olea en su propuesta de resolución, en la que aprovechó para criticar la falta de conocimientos de los funcionarios interinos y la pasividad de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía, pues, teniendo en su mano la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena (al ser partes en aquel procedimiento), no lo hicieron.
La Comisión Disciplinaria del actual Consejo sólo ha impuesto en una ocasión la separación de la carrera judicial: fue en el caso de la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, cuyo «olvido» costó 437 días de prisión a un hombre que había sido absuelto. Anteriormente había sido suspendida de sus funciones por haber usado su cargo para obtener «ventajas injustificadas».
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Re: Caso Mari Luz
Declaraciones del presunto asesino de Mari Luz: "Hay que tener más cuidado con los hijos"
Santiago del Valle explica, en una carta a ``La Nueva España´´, del grupo de FARO, su visión sobre la muerte de la niña Mari Luz.
En medio de la polémica y el fuego cruzado entre la Fiscalía General del Estado y el instructor del expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos sexuales al presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, éste, Santiago del Valle, ha accedido a hablar con el grupo de prensa al que pertenece FARO DE VIGO.
En una carta escrita a mano durante su permanencia en el centro penitenciario de Villabona este verano, Del Valle responde por escrito a parte de una solicitud de entrevista realizada por este periódico. En una hoja de libreta y bolígrafo azul en mano, con una letra no siempre legible a la primera, el presunto asesino esquiva las preguntas que lo comprometen en demasía y centra su misiva en autoexculparse del crimen.
El cadáver de la pequeña, de 5 años, fue localizado el pasado 7 de marzo, 54 días después de que desapareciera, el 13 de enero, cuando salió sola de su casa, en la barriada de El Torrejón, en Huelva, para ir a comprar chucherías. Implicado en al menos cinco causas por abusar sexualmente de niñas desde 2001, Santiago del Valle responde sin que le tiemble la mano a la pregunta sobre qué sintió durante las batidas organizadas en búsqueda de la niña, cuyo cadáver fue localizado flotando en la zona del muelle del Petróleo, junto a la punta del Sebo de la capital onubense: "Me dio igual, me era indiferente", afirma. "Hay que tener más cuidado con los hijos y no dejarlos todo el día en la calle solos, que luego pasan las cosas y vienen las lamentaciones". La frase, respetando la presunción de inocencia, describe a un hombre frío, y se suma a las muchas pinceladas que construyen su historial delictivo, como cuando en 1998 obligó a su hija de cinco años (los mismos que tenía Mari Luz) a masturbarlo por primera vez.
No la maté"
"Yo no maté aMari Luz", afirma Del Valle, que después de ser detenido llegó a confesar a la Policía su implicación en la muerte de la pequeña, de la que dijo que falleció "accidentalmente" tras caer por las escaleras de su casa y darse un golpe en la cabeza. Afirmó que atrajo su atención ofreciéndole un caramelo. Incluso su esposa lo implicó, sin quererlo, cuando fue interrogada. La mujer explicó que el día que desapareció Mari Luz, Santiago había llegado a casa manchado de barro. El dato fue clave.
"Esa declaración no es correcta", afirma en su carta, planteando el caso como una especie de confabulación en su contra. "Todas las afirmaciones que hice fueron obligadas porque era lo que ellos (la Policía) quería tener.Yo no maté a Mari Luz porque, independientemente de que no la conocía, según los informes de la autopsia, cuando murió, yo no estaba en Huelva, ni mi mujer tampoco. Estábamos en Sevilla y luego en Granada. En Sevilla, en la sala de urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Yo tengo la tensión alta y fui por ello y allí pasamos la noche hasta el día siguiente, que tuve que firmar en las libertades provisionales del Juzgado. Después nos fuimos a Granada. Por lo tanto, la niña no pudo estar conmigo".
Cuando llegué a casa con mi mujer -continúa-, ya ellos, los gitanos, habían entrado rompiendo la puerta, buscando a la niña, sin pedir permiso alguno. Luego tuve que dejarlos entrar, pero con la Policía. Tuvimos que marcharnos de allí por sus amenazas, las de los gitanos". A la pregunta de si considera que necesita un tratamiento, dados sus antecedentes sexuales con menores, no duda: "Sí".
Santiago del Valle se mantiene ajeno al revuelo en torno a la presunta negligencia judicial cometida en su caso: entre otras irregularidades, el hombre se presentaba los días 1 y 15 de cada mes en un Juzgado de Sevilla mientras otro de la misma ciudad lo tenía en situación de paradero desconocido, lo que le impedía ser citado para cumplir una condena de dos años y ocho meses por abusar de su hija.
Precisamente, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la que forma parte el magistrado asturiano Agustín Azparren, decidirá hoy la sanción que impondrá al juez Tirado. Ésta podrá ir desde una multa de 3.000 euros, como plantea el instructor, a la suspensión, traslado o, incluso, suspensión de la carrera, como avala la Fiscalía General.
En su carta, Santiago del Valle sí responde sobre la menor gijonesa a a la que acosó en Gijón, por lo que aceptó el pasado mes de julio una pena de dos años y medio por abuso sexual y coacciones. Una vez más, echa balones fuera, a pesar de la condena. "Resulta que me apunté para estudiar en el colegio en que estaba ésta (la menor asturiana). Pero yo no sabía nada de esa gente".
Del Valle se puso en contacto con la niña gijonesa a través de un mensaje incluido en la revista Telenovelas. Le aseguró que era una joven de 13 años y que quería ser su amiga. Las ilusiones de la asturiana, que sólo pretendía hacer amigas por correo, se vinieron abajo cuando Del Valle se presentó en su domicilio para verla. La abuela de la menor impidió que se conocieran, por lo que el pederasta, frustrado, comenzó a perseguirla hasta el Instituto Mata Jove, donde la adolescente estudiaba. Llegó incluso a matricularse en cursos para adultos para poder estar cerca de ella.
IDOYA RONZÓN
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Unas 200 personas se concentran en Huelva para rechazar la sanción al juez Tirado
La manifestación convocada por la familia de Mari Luz Cortés ha terminado con la lectura de un manifiesto.
Unas 200 personas, según la Subdelegación del Gobierno, convocadas por Juan José Cortés, padre de Mari Luz, se han concentrado en la Plaza Rosa del barrio onubense del Torrejón para mostrar su rechazo a la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El padre de Mari Luz Cortés convocó esta manifestación el pasado jueves tras conocer la sanción interpuesta por la Comisión Disciplinaria del CGPJ al juez Rafael Tirado, al considerarla "una burla", por insuficiente.
La manifestación ha transcurrido de forma pacífica y durante la concentración se han escuchado gritos contra la sanción, aunque no ha habido incidentes. Durante el transcurso de la protesta, una chica del barrio ha leído un manifiesto en el que se rechazaba la sanción contra el juez, por considerarla injusta.
Igualmente, los asistentes han lucido un lazo morado en solidaridad con la familia Cortés por "la penitencia" que está pasando la familia antes la medida tomada por el CGPJ.
Una penitencia que se debe "a las injusticias que se están produciendo y otras más que se producirán y que padecerán todos los españoles, si este error no se remedia", según ha dicho el padre de Mari Luz.
Juan José Cortés ha declarado a los periodistas que han asistido a la concentración que ésta ha sido "una nueva muestra de que los ciudadanos están descontentos con la Justicia y quieren que alguien garantice la igualdad para todos". Asimismo, Juan José Cortés ha asegurado que no está previsto convocar nuevas medidas de protesta por este motivo.
Además, el padre de Mari Luz ha añadido que todos los familiares quieren convencer al abuelo de la fallecida de que no lleve a cabo la huelga de hambre que anunció en días pasados en distintos programas de televisión de ámbito nacional.
Anteriormente, el padre de la niña ya había señalado que "todo está en manos de la Fiscalía", para elevar esa sanción a falta "muy grave", lo que supondría una suspensión de hasta tres años, el traslado forzoso o incluso el cese de la carrera judicial, por lo que los familiares de la pequeña "no pueden hacer nada y lo único que esperan es que la Fiscalía recurra".
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció su "desacuerdo" con la decisión del CGPJ, mostrando a la familia onubense todo su "apoyo", que podrá expresar personalmente "en el plazo de dos semanas", según Juan José Cortés, que será cuando éste mantenga un encuentro con el presidente del Gobierno.
Durante ese encuentro el padre de Mari Luz hará entrega de los dos millones de firmas recogidas "para mostrar el rechazo a la sanción y que reivindican una Justicia justa".
El juez Rafael Tirado ha sido sancionado como responsable de la no ejecución de una sentencia contra el supuesto autor de la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle, quien también había sido acusado de abusar de su propia hija y a quien no se detuvo hasta después del hallazgo del cadáver de la pequeña, la primera semana de marzo pasado.
La sentencia que habría que habría de haber sido ejecutada se produjo en 2006, y condenaba a Del Valle por abusos sexuales a una niña vecina de Sevilla.
El padre de la niña Mari Luz, Juan José Corté ha declarado que está indignado ante la sentencia propuesta por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tacha de falta grave lo sucedido a su hija, con una pena de 1500 euros. Cortés ha comentado que dejará de confiar en la justicia.
Fecha y hora actual: Lun 13 Oct, 2008 05:59 | Todas las horas están en UTC + 1 Hora
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